Unidos por la impunidad

POLITICA FICCION

Unidos por la impunidad

Jorge Marín Barragán

Después de 49 inundaciones los habitantes de la unidad habitacional San José, edificada por la constructora KEF, decidieron tomar las oficinas de hacienda del Estado ubicadas en la planta baja del palacio municipal de Orizaba. Esta medida tomada producto de su desesperación ante la sordera e ineficiencia de las autoridades, dio resultado el pasado sábado 11 de octubre fecha en que llegaron a un acuerdo que esperan cumplan las ya desgastadas autoridades por sus múltiples promesas incumplidas.

La reubicación de las 104 casas afectadas en cada inundación, el pago de 2 mil pesos mensuales de renta a las 40 familias más afectadas y la recuperación de los muebles y pertenencias perdidas son parte de las negociaciones, todo esto con recursos del gobierno del Estado, bien por las familias afectadas, pero…….

A pesar de que se tiene conocimiento que existe denuncia por parte de los agraviados de este capitulo penoso de corrupción, no verá luz la justicia, una vez más la impunidad latirá con fuerza en Veracruz, con dinero de los ciudadanos se cubrirán errores, omisiones, complicidad y corrupción de autoridades municipales y estatales.

Ante la presentación del anteproyecto para construir ese conjunto habitacional se obtuvo la factibilidad de servicios por parte de la administración encabezada por Martín Cabrera Zavaleta, obtenida la factibilidad se presentó para su verificación y aprobación el estudio de impacto ambiental ante la entonces Secretaría de Desarrollo Regional, en dicho estudio es donde se tuvo que detectar que el lugar para construir era un resumidero de agua y no era posible llevar a cabo la edificación de las viviendas, por el peligro, como sucedió, de las inundaciones; esto fue indebidamente aprobado y autorizado por las autoridades encargadas.

Una vez cumplidos estos requisitos la subdirección de licencias y permisos de construcción extendió la licencia de construcción a la empresa solicitante, así fue como se llevó a cabo la terminación de la 1ª y 2ª etapas que fueron recibidas condicionadamente por el departamento de obras públicas, ya que no se había empezado la 3ª etapa que era con la que se concluía dicho conjunto habitacional y la administración del periodo 2001 – 2004 terminaba su ejercicio. De la investigación realizada se desprende que esta unidad habitacional fue entregada por la empresa y recibida de manera irregular como construida en su totalidad por parte de esa administración, cuando aún no estaba terminada.

Al continuar en proceso durante el 2005 la cuestionada construcción el ayuntamiento encabezado por Emilio Stadelman López, tuvo la obligación como lo marca la reglamentación en la materia de supervisar y verificar la conclusión de los trabajos realizados y exigir la entrega – recepción de dicha unidad, al darse cuenta del incumplimiento de la ley era su deber denunciar ante las instancias competentes las monumentales irregularidades, como no lo hizo se volvió cómplice y coparticipe de quien tanto critico el y su grupo que lo llevo al poder.

Según lo declarado a los medios de comunicación del titular de Invivienda, Arq. Manuel Barclay Galindo la responsabilidad de quien autorizó el permiso para edificar este asentamiento por ley prescribe a los 5 años, por lo que su actuar quedará impune.

Es una constante deliberada no actuar con prontitud en la aplicación de la ley con la intención de que el tiempo haga olvidar, desistir o claudicar en su reclamo a quien la exige, seria ingenuo pensar que los órganos de fiscalización y procuración de justicia no actúen por ineptitud por el contrario saben perfectamente que al no actuar el transcurso del tiempo trae como consecuencia la prescripción de conductas violatorias del marco jurídico, el problema de la impunidad no es de incapacidad sino de complicidad.

En el caso de la unidad San José como en todas las irregularidades detectadas de la administración de Martín Cabrera, el gobierno de Emilio Stadelman no actúo en tiempo y forma para procurar justicia y transparencia, hoy espera que la administración que encabeza Juan Manuel Diez haga lo mismo con él.

En el pasado no se actuó para salvaguardar los intereses de los orizabeños, por ley la actual administración tiene como plazo el primer año de su ejercicio para demandar se aclare y se trasparente la aplicación de los recursos, estamos a muy pocos días de que ese plazo se cumpla. Seguramente el alcalde Juan Manuel Diez ya se ha dado cuenta del daño que la corrupción ha provocado a Orizaba, en sus manos esta hacer justicia a la ciudad que tanto dice querer o quedar unido a quienes en el pasado señaló como corruptos y deshonestos. Pobre Veracruz, pobre Orizaba tanta fidelidad y tan poca justicia.
jormaba66@hotmail.com